Ante el covid-19, la justicia, ¿Qué?

El acceso de Justicia en tiempos de corona virus.
Por: Mariana Linares Bigott- Abog UCV.

  Desde el pasado mes de marzo el sistema de justicia en Venezuela se encuentra detenido e inmóvil, sin generar algún cambio en más de ciento cincuenta (150) días de confinamiento, las autoridades judiciales solo se han pronunciado para prorrogar mensualmente la resolución número 001-2020, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual suspende las causas  y los lapsos procesales. A excepción de la Circunscripción Penal y las solicitudes de amparo constitucional, permaneciendo de “guardia” los jueces de la Sala Constitucional y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los fines de atender determinadas “actuaciones urgentes”, de las que no se conocen mayores indicaciones.

  Para nadie es un secreto que la pandemia ha traído consigo una gran crisis en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos, el Poder Judicial o en forma más general, la justicia, permaneciendo paralizada como si solo fuese una estatua. Siendo desconcertante para los ciudadanos y aún más para el gremio de abogados la falta de preocupación de las autoridades judiciales en la re-activación de este sector, a pesar de ser uno de los pilares sobre los que se fundamenta nuestra constitución, “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Artículo dos (2) de la CRBV. 

  Existen veinticuatro (24) sectores reactivados en el nuevo método de flexibilización impuesto por el régimen, debido a la “nueva realidad”, denominado“7x7” (siete días de cuarentena radical y siete días de trabajo con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias), entre los cuales NO encontramos al Poder Judicial. ¿Por qué? ¿En qué nivel estará la justicia? ¿Será que no importa la justicia en Venezuela?

  Son algunas de las interrogantes inquietantes, pues la cuarentena no debería impedir que el sistema judicial actúe con las garantías del debido proceso, más aún si se han incorporado una variedad de sectores en esta fase del confinamiento social. 

  Ahora bien, ¿la parálisis de la administración de judicial proviene de la pandemia? ¿O es previo a la declaratoria de estado de alarma? el acceso a la  justicia en nuestro país se encuentra fracturado desde hace años, debido a los vicios que todos conocemos en el sistema. Por tanto, dicha suspensión agravaría aún más el pandémico retardo procesal de los tribunales. Es decir, el estancamiento de la administración de justicia impide el acceso de los ciudadanos a la misma, agravando su futuro y el de la sociedad en conjunto, ante esta terrible crisis sanitaria, económica y social, es obligatorio proteger los derechos de las personas más vulnerables a tiempo. Al respecto el artículo 51 de la constitución establece lo siguiente: 

“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

  Por tanto, quienes no puedan hacer uso de su derecho de petición y oportuna respuesta, constituyen otro supuesto de violación de derecho al que es imperativo garantizar. 

 Resulta imperioso que el Estado aúne esfuerzos para reactivar el Poder judicial, preparándolo para la "nueva normalidad”, dotando los medios sanitarios correspondientes, así como posibles estrategias electrónicas, a los fines de desarrollar una telemática en audiencias o en consultas de expedientes. Sin embargo algunos se encuentran escépticos, debido al deprimente servicio de Internet que tenemos, considerado de los más lentos del mundo. De modo que en el país resulta más difícil aplicar el teletrabajo, para responder a los desafíos de la pandemia por el Covid-19.

  En conclusión, uno de los retos de la profesión, es cambiar el paradigma cultural que nos ha vuelto una sociedad en la que el respeto a la justicia no es una prioridad. El Covid-19 ha roto muchos prejuicios, tras haber podido constatar en algunos países la viabilidad de celebrar juicios en línea, audiencias públicas y declaraciones por videoconferencia, acompañados de gestión procesal remota, por lo que, nos debiéramos preguntar si todavía tiene sentido estar todos presentes en un lugar para resolver los conflictos. Tenemos ahora la posibilidad de transformar un problema en una oportunidad, y sería una lástima desaprovecharla.

 Para finalizar, me gustaría citar esta celebre frase:

"Cambiar el mundo amigo Sancho, que no es locura, ni utopía, sino justicia". -Don Quijote  .